Ayuntamientos

Decreto

Visto que con fecha 16 de marzo de 2007 se recibe autorización emitida por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de Gijón para la entrada en el domicilio propiedad de don Fernando Vega Alvarez en Carrandi (Colunga) y ello con el objeto de proceder a la demolición parcial de la misma.

Visto que la demolición referenciada obedece a la obligación de ejecutar la sentencia emitida por la Sala del Tribunal Superior de Justicia en el procedimiento ordinario 521/92 mediante la que se confirmaba el carácter ilegalizable de las obras de reforma y ampliación que se ejecutaron sin licencia o contraviniendo lo expresamente autorizada por no guardar los retranqueos mínimos exigidos en la normativa que resulta de aplicación.

Visto que previo encargo del Ayuntamiento de Colunga, por la arquitecto colegiada Sra. Canellada, se redacta proyecto de demolición parcial del inmueble referenciado, y ello con el objeto de dar cumplimiento a la ejecución de sentencia instada por la vecina recurrente y acordada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia.

Visto que, con el objeto de dar cumplimiento a lo señalado anteriormente, se procede a contratar con un tercero (Construcciones Villar) la demolición parcial objeto del presente expediente, y ello en los términos que constan en el expediente administrativo.

Visto que notificado al interesado el día y hora en que se iba a proceder a la ejecución subsidiaria de la demolición parcial sentenciada (25 de agosto de 2006), por quien manifestó ser su hija, doña Sandra Vega Valdés, se facilitó el acceso al inmueble afectado, apreciándose por la dirección facultativa la imposibilidad de proceder a la demolición en los términos reflejados en el proyecto, y ello motivado en que este último se había elaborado de manera estimativa al no haberse podido acceder al interior con anterioridad.

Visto que, consecuencia de lo anterior, se elaboró un modificado del proyecto (en el que se reflejaba y presupuestaba el cerramiento del inmueble una vez y por la zona objeto de la demolición) cuyo presupuesto de ejecución ascendía a 2.470,26 euros. A la cantidad anteriormente señalada (incrementándole el beneficio industrial del contratista y los gastos generales más el IVA) se le sumará el presupuesto inicialmente previsto para la demolición (10.393,36), resulta un importe de 13.803.31 euros, cantidad esta que se estima de contrata por el redactor del proyecto. No obstante lo señalado, una vez dado traslado al contratista de la documentación facilitada por la Sra. Canellada, ha formulado una oferta de 19.082 euros (IVA, GG y BI incluidos), siendo este el presupuesto provisional que se señala y que resultará exigible al interesado por la ejecución subsidiaria del mandato municipal (incrementándose o reduciéndose en función del coste efectivo y final de la actuación).

Visto que por decreto de esta Alcaldía, de fecha 24 de noviembre de 2006, se señaló el día 12 de diciembre de 2006 para la ejecución de la sentencia referenciada no pudiendo llevar a cabo lo ordenado debido a que las puertas de entrada se encuentran cerradas no respondiendo nadie a las llamadas en el timbre según consta en el acta levantada. Consta en el expediente la comunicación mediante burofax al interesado del requerimiento municipal efectuado para que facilitara el acceso a la vivienda en el día señalado, si bien al entenderse que no tuvo plazo suficiente para disponer lo que correspondiere, no se entendió oportuno dar traslado a la jurisdicción penal de los hechos al efecto dedujeran la responsabilidad que, en su caso, se hubiera podido incurrir.

Visto que se aprecia in situ el día 10 de abril como en las inmediaciones del área a demoler se ha procedido a plantar dos especies de acebo, tratándose de una especie protegida que el interesado deberá trasplantar con carácter previo al inicio de los trabajos de demolición con estricto cumplimiento de la normativa que resulta de aplicación y de modo que no sufran daños y posibiliten el cumplimiento de la sentencia judicial.

Visto que consultada la disponibilidad del contratista para llevar a cabo los trabajos de demolición, se ha entendido oportuno iniciarlos el día 14 de mayo de 2007, aunando así los intereses municipales y los del administrado, que contará con plazo suficiente para disponer lo que corresponda.

Considerando que las Administraciones Públicas se encuentran facultadas para la ejecución subsidiaria del contenido de los actos administrativo que dicten, y ello en los términos de lo señalado en el artículo 98 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común.

Considerando que se ha dado cumplimiento a la totalidad de requisitos legalmente exigibles para llevar a cabo la ejecución de la sentencia recaída en el procedimiento 521/92, debiendo llevarse a efecto en sus propios términos.

En atención a lo expuesto y en virtud de las competencias que me confiere el artículo 21 de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local,

R e s u e l v o